De “gravísimas” calificó la senadora Carmen Gloria Aravena las expresiones del director nacional de la Conadi, Luis Penchuleo, quien, entre otras cosas, afirmó “que las forestales son parte del problema y tienen que retroceder”. Esto, en relación a la restitución de tierras y el conflicto que se registra en la Macrozona Sur del país.
La congresista lamentó que la autoridad recién nombrada, a cargo de la institución más importante en la relación del Estado con las comunidades indígenas, tenga esta postura y aseguró que “sus palabras no contribuyen en nada a apaciguar la tensión que se registra en esa zona del país ni ayudan a abordar los problemas de fondo que existen”.
Aravena agregó que los dichos del director de la Conadi demuestran, además, “ignorancia y un profundo desconocimiento del enorme aporte social y económico que realizan las empresas forestales a las regiones de la Macrozona Sur, ofreciendo también oportunidades laborales y de progreso para sus habitantes”.
“Es muy delicado que la nueva autoridad de la Conadi, en una de sus primeras declaraciones como tal, excluya a un actor fundamental de la región del proceso de búsqueda de soluciones y, no sólo eso, los califica de ser `parte del problema´ e indica que deben `retroceder´, cuando se trata de una industria que representa cerca de dos puntos del PIB, ofrece miles de puestos de trabajo y que se concentra principalmente en las regiones de La Araucanía, Bío Bío y El Maule”, puntualizó.
En ese contexto, puso como ejemplo, el caso de Canadá, “donde conviven de forma armoniosa la industria forestal con las comunidades indígenas, porque entienden la importancia del vínculo para el desarrollo y bienestar de los habitantes de esa nación”.
Finalmente, la senadora afirmó que “cuesta comprender que el director de la Conadi sea quien defina qué actores están validados y cuáles no para aportar a las soluciones que hoy se requieren para enfrentar el problema de la Macrozona Sur, porque lo que hace veladamente es un llamado a expulsar a las forestales de esa parte del país, lo que de concretarse, supondría un impacto social y económico de gran envergadura para sus habitantes, y parece que eso no lo está considerando la máxima autoridad de la Conadi”.
