Ante las crecientes inquietudes sobre la falta de claridad en la regulación de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocida como la “Ley Uber” o “Ley EAT”, la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam) realizó un llamado a una reunión con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Desde Achiplam señalan que la falta de diálogo, mesas de trabajo e instancias directas, además de la poca claridad en varios puntos, el riesgo de aumento en el desempleo y la posible prohibición de operaciones, son solo algunas de las incertidumbres que más preocupan a los emprendimientos, startups y empresas de la industria de las plataformas de movilidad.
Para la organización gremial, que cuenta con la participación de más de 20 miembros, y varios de ellos afectados por la ley, la ambigüedad en la definición de términos clave, como “Servicio Remunerado de Pasajeros” o “Nómina” de las Empresas de Aplicaciones de Transporte, son solo algunas de las dudas que tienen las empresas y los conductores afectados por el reglamento tal cual está. Señalan que al imponer requisitos y restricciones sin una definición clara, el reglamento amenaza con convertirse en una barrera para las empresas emergentes, limitando la competencia y la diversidad en el mercado.
“Esta situación no solo perjudica a las startups chilenas y empresas innovadoras, sino que también reduciría las opciones disponibles para los usuarios, afectando negativamente la economía y la movilidad de las plataformas. Esto genera un gran problema en el transporte público que hoy no tiene el alcance suficiente”, señala Kim Maturana, presidenta de Achiplam.
Según un estudio realizado por el Centro de Estudios UC a finales de 2022, 189 mil personas obtuvieron ingresos en los últimos 24 meses ofreciendo servicios en plataformas de transporte o de delivery, lo que equivale a un 2,4% del total de ocupados de Chile.
Te Llevo App, empresa parte de la asociación y que ofrece un servicio de viaje compartido, no ha podido aclarar frente a las autoridades su futuro, ya que “existen puntos muy amplios dentro del reglamento que nos generan más dudas que respuestas. La falta de claridad no solo dificulta la comprensión de los aspectos fundamentales del reglamento, sino que también crea incertidumbre en torno a su implementación”, señala su CEO y fundadora, Roxana Ureta.
“Desde Achiplam hacemos un urgente llamado al Ministerio de Transportes para que puedan reunirse con nosotros- quienes estamos intentando adecuarnos y regirnos por la regulación- con el objetivo de aclarar estos puntos críticos y encontrar soluciones que promuevan a todos los actores del ecosistema”, comenta Maturana.